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jueves, 7 de marzo de 2013

Gobierno promulgó decreto de seguridad Estadios tienen 120 días para instalar cámaras

Pagina Siete

Los administradores de los estadios de fútbol en el país tienen 120 días para instalar cámaras de seguridad, de acuerdo con el Decreto Supremo 1515 que fue promulgado ayer por el presidente en ejercicio Álvaro García Linera y que está relacionado con la seguridad en el fútbol.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, en rueda de prensa, dio a conocer los alcances de la norma y señaló que los estadios deben contar con ocho cámaras de seguridad que deben cumplir con algunos requisitos.

Según la autoridad, los equipos tecnológicos deben cubrir 400 metros a la redonda y deben tener un movimiento de 360 grados para tener de esa forma una visión exacta de cada uno de los espectadores.

Romero destacó que el decreto también está relacionado con un conjunto de prohibiciones para prevenir problemas en los escenarios deportivos, como lo ocurrido en el partido en Oruro entre San José y Corinthians, cuando un hincha del elenco brasileño lanzó una bengala que se incrustó en el rostro de Kevien Beltrán, de 14 años, quien murió.

Los aficionados no podrán ingresar en los estadios en estado de ebriedad ni consumir bebidas alcohólicas dentro del reducto. Lo mismo se aplica a las drogas y otros estupefacientes.

“La gente no podrá usar ropa que impida la verificación de su identidad y tampoco portar armas y objetos contundentes. También están prohibidos los fuegos artificiales y pirotecnia”, subrayó el ministro Romero.

Sobre las sanciones, aseveró que son de tipo jurídicas y administrativas, todo en base a la conducta de quienes violen el decreto.

En lo administrativo, se aclaró que se considera un arresto de ocho horas y la prohibición de que la persona continúe observando el espectáculo.

En cuanto al consumo y expendio de bebidas alcohólicas, la sanción es comunitaria, vale decir que los infractores deberán realizar labores en favor de la comunidad. Quienes porten armas blancas o incurran en delitos penales serán llevados ante el juez competente.

Ahora resta proceder a la reglamentación del decreto.

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